Con el objetivo de facilitar un marco sólido para los principios generalmente aceptados de integridad y rendición de cuentas en la contratación pública, se ha desarrollado la nueva norma europea UNE-EN 17687.
Esta norma proporciona requisitos y directrices para organizaciones compradoras con respecto a dichos principios. En este sentido, el documento aborda desde la identificación de las necesidades hasta la entrega de bienes, servicios o contratos de trabajo.
Cabe recordar que UNE es el organismo nacional de normalización y como tal nos representa en los organismos internacionales ISO/IEC y CEN/CENELEC.
Estrategia nacional para prevenir posibles irregularidades
La regulación jurídica de la contratación pública, la cual representa alrededor del 20 % del PIB de España, ha ido sufriendo modificaciones para adaptarse a la crisis económica y las directivas europeas, que inciden, cada vez más, en la la necesidad de una mayor integridad y en la inclusión de normas específicas para situaciones de conflicto de intereses, así como requisitos más estrictos sobre la exclusión de proveedores.
Por ello, el pasado 8 de febrero, se publicó la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 (ENCP), cuya finalidad es establecer una serie de medidas y actuaciones que permitan cumplir los objetivos que menciona el artículo 334 de la Ley de Contratos del Sector Público y, de esta forma, combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.
En este contexto, la norma UNE-EN 17687 sirve como documento de referencia a las organizaciones compradoras para tramitar y ejecutar contratos públicos siguiendo los principios de integridad, rendición de cuentas y transparencia, componentes de la buena gobernanza pública - incluida la buena gestión financiera-, que están estrechamente relacionados entre sí.
Estructura y contenido de la norma
La nueva norma UNE-EN 17687 se estructura en diez capítulos y dos anexos, cuyo contenido se resume en la siguiente tabla:
De todo el documento, merece especial atención el capítulo 8, dedicado a personal y alineado con uno de los objetivos de la ENCP, el cual hace referencia a la necesidad de incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación como medio de mejorar la eficiencia de la misma.
A este respecto, la norma establece requisitos como que la organización compradora cuente con un código de conducta o que se desarrollen procesos para prevenir y detectar el fraude y la corrupción en su organización (incluido el mecanismo de denuncia de irregularidades), basados en los resultados de la evaluación de riesgos. Junto a esto, también se recomienda establecer un sistema de sanciones eficaz.
Por otro lado, es especialmente relevante el anexo B, en el que se identifican 24 riesgos distribuidos a lo largo de las tres etapas del proceso de contratación: la preparación, el procedimiento y la gestión/seguimiento del contrato.
Entre los riesgos que se señalan, figuran, por ejemplo, el tiempo insuficiente para recopilar y analizar datos, la existencia de posibles conflictos de interés, la realización de negociaciones posteriores al contrato o los resultados inadecuados en relación con las necesidades.
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